En España se le dan demasiadas vueltas a lo mismo y a la vez se habla de manera poco clara. La actual política europea conduce al país a una devaluación interna, que solo se eludirá si cambian los criterios del BCE y de la UE. Lo que no cabe es esperar milagros. En medio de tanto ajuste presupuestario cuesta decirle a la gente que, encima, debe bajarse el sueldo, pero si España sigue en el euro no habrá otra salida que ésa para que el país recupere su competitividad. La teoría no es de ningún neoliberal. Es del premio Nobel Paul Krugman, que la plantea con toda su crudeza en su último libro ‘Acabad ya con esta crisis’. Sin margen para devaluar, solo queda la devaluación interna.
Rajoy puede tener razón cuando explica que hay que hacer deberes dentro, pero sin Europa el país no saldrá a flote. Lo dice también Krugman: la esencia del problema español -de donde proviene todo lo demás- es la necesidad de reajustar los costes y los precios. La burbuja inmobiliaria no solo elevó los precios de los inmuebles para terminar haciendo añicos los balances de los bancos, sino que también provocó un considerable aumento de precios y sueldos en relación con las economías centrales de Europa, léase Alemania y Francia. Y si ahora toca recortar precios y salarios, hay que devaluar el país, a falta de una moneda que poder devaluar, que es lo que propondría Milton Friedman en un caso como éste.
¿Saldrá España de la crisis? Sí, pero lo hará despacio, con una tasa de empleo elevada y una paulatina reducción salarial, salvo en sectores muy competitivos. ¿Y qué hará Europa? Si quiere mantener el euro, es decir, tener una moneda y una economía regulada como la estadounidense, necesitará una integración fiscal y corregir la falta de movilidad laboral dentro de la UE, de modo que todo eso le permita emitir eurobonos y hacer políticas comunes en la eurozona, sin mirar solo a la inflación, como hace ahora el BCE, sino también al crecimiento y el empleo.
Son ideas que también se desprenden del libro ‘Acabad ya con esta crisis’, de Krugman. En realidad, no es nuevo lo que escribe ahora este premio Nobel. A mediados de 2010, ya constataba en ‘El País’ que estábamos en las fases iniciales de una tercera depresión, que comparaba nada menos que con la Larga Depresión del siglo XIX, al tiempo que advertía de que recortar drásticamente el gasto en mitad de una depresión era -y sigue siendo- realmente autodestructivo. Acertó.
La reforma educativa forma parte del ajuste presupuestario, pero esconde algo más: un reequilibrio entre la formación universitaria y la formación profesional (FP), de modo que pierda peso la primera y aumente la segunda. ¿Quién inspira esta reforma? Alemania. ¿Por qué no se ha avanzado más y estamos en medio de un aplazamiento de la renovación de la FP? Por un problema de financiación. Alemania -si se quiere, léase la Unión Europea- está forzando a España a potenciar la FP y al mismo tiempo a cambiar su actual modelo, para que haya un 70% de formación práctica y un 30% teórica; es decir, justo lo contrario de lo que sucede hoy en España. ¿Y dónde está el problema? Pues en que la patronal CEOE no quiere asumir el modelo alemán, donde los empresarios no solo están obligados a acoger a todos los alumnos de FP en prácticas, sino que además les pagan a fin de mes. A la patronal española le gusta la reforma laboral pero no la reforma de la formación profesional; al menos si tienen que arrimar el hombro, lo cual ha descolocado a los negociadores alemanes de este ambicioso plan que, si se lleva a cabo, marcará un antes y un después para la educación en España.
El cambio es muy profundo y supone también un replanteamiento de los presupuestos de educación, ya que hasta ahora el grueso del coste de la enseñanza superior se repartía entre todos los contribuyentes, es decir, se financiaba mayoritariamente a través del sistema impositivo, mientras en que el futuro serán las familias de los estudiantes o éstos mismos quienes costeen el sistema.
El desconcierto es grande, lo cual explica también que los editores ya estén instando al Ministerio de Educación a que aclare el aplazamiento del centenar de titulaciones de FP que iban a comenzar a enseñarse en septiembre. Resulta que todos los libros y materiales están listos en los almacenes para la distribución comercial y no saben qué hacer con ellos. De entrada, la implantación de nuevos módulos de 2.000 horas de ciclos formativos medios y superiores se retrasó al curso 2014-15 y también está en el aire el calendario de la reforma de la secundaria, a la espera de la entrada en vigor de la modificación de cuarto de ESO derivada de la Ley de Economía Sostenible. En resumen: ¿hay que hablar de reforma o de revolución educativa? Pronto lo veremos.
Primeras elecciones parciales tras las generales en las que el PP obtuvo mayoría absoluta y nuevo éxito popular en Andalucía, pero con sabor a fracaso, y triunfo del PSOE en Asturias frente a una mayoría de la derecha que forman el PP y el partido de Cascos. La participación cayó en picado, del orden de un 12% en Andalucía, donde la abstención rozó el 40%, y de casi un 9% en Asturias, señales de un castigo de la ciudadanía a la clase política, aunque puede argumentarse que en Andalucía es la primera vez desde 1996 que sus elecciones dejan de coincidir con las generales, lo que tenía un evidente efecto arrastre, y que en Asturias se trató de la tercera consulta ante las urnas en apenas diez meses, lo que hace más comprensible un cierto cansancio electoral.
Con las encuestas se esperaba un triunfo histórico del PP en Andalucía, que se entendería como un refrendo a sus duras medidas económicas, pero con los resultados en la mano esto no ha sido así. Van a tener que emplearse más fondo las empresas de sondeos y el PP tendrá que hilar muy fino a la hora de gestionar una crisis capaz de llevarse por delante a más de un gobierno.
En Andalucía, donde se eligió una cámara autonómica con 109 diputados, el PP ha obtenido 50 escaños -a cinco de la mayoría absoluta-, el PSOE 47 e IU 12. Cambio insuficiente, por tanto, para el PP, que mejora frente a 2008, cuando la lista encabezada por Manuel Chaves había obtenido mayoría absoluta con 56 diputados. Ahora, su sucesor y candidato, José Antonio Griñán, tendrá que pactar con IU para seguir en la presidencia de la Junta. Con una tasa de paro del 31,23%, sus 6.404.623 electores llamados a las urnas castigaron al PSOE pero no lo suficiente como para que se vayan a la Oposición. En definitiva, en contra de lo que aventuraron las encuestas, el vasto capital político que acumula el PP de Rajoy no se extenderá a la Junta de Andalucía, el principal activo institucional que conserva el PSOE en España. Tras estas novenas elecciones autonómicas en la comunidad más poblada del país, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, logró a la postre una victoria con sabor amargo, insuficiente para dar un vuelco histórico en una autonomía gobernada desde hace 30 años por los socialistas, que quizá ya se aprovecharon de las impopulares medidas del Gobierno liberal-conservador de Rajoy. Fue el cuarto revés de Arenas en su tierra.
En Asturias ganó el PSOE con 16 escaños pero, esencialmente, se dirimió una pelea de familia en el seno de la derecha. Ahora, la izquierda -PSOE e IU- puede beneficiarse de ello, si el PP (10 diputados) no alcanza un pacto con el Foro de Álvarez-Cascos (13 diputados). El diputado de UPyD no será finalmente decisivo. Fueron unas elecciones importantes, en busca de un gobierno estable, aunque sin la trascendencia nacional de las andaluzas. Los asturianos, que concurrieron a las urnas por tercera vez en apenas diez meses, tienen por delante una legislatura de tres años, ya que el Principado volverá a celebrar elecciones, junto con el resto de las comunidades de régimen común, en la primavera de 2015.
¿Consecuencias para la política española de estos resultados que decidieron un millón de asturianos y seis millones y medio de andaluces? Lo primero pasa por saber si el programa de reformas neoliberales del PP -unas ya esbozadas y otras no desveladas- también incluye la del propio Estado de las autonomías, cuya situación financiera será difícil mantener sin cambios. En segundo lugar, a la izquierda se le abre margen para actuar conjuntamente, ya que a diferencia de lo sucedido en Extremadura, en estas elecciones, tanto en Andalucía como en Asturias, IU está por la labor de formar alianzas de progreso. Parece probable, casi seguro, un gobierno de izquierdas en Andalucía, si bien el tópico de que la reconquista empezaría en Asturias para el PSOE se queda de momento en el aire, mientras Cascos y el PP están obligados a pactar si quieren desbloquear la gobernabilidad del Principado.
Las comunidades autónomas -las ‘autonosuyas’, en el argot de la ultraderecha- siempre han estado mal vistas en ciertos estamentos políticos conservadores y/o jacobinos, que ven en ellas una amenaza para la unidad de España. Suelen ser los mismos sectores que demonizan el federalismo y que se niegan a aceptar que España es un Estado federal, aunque de hecho ya lo sea y se estudie como tal en universidades extranjeras. La actual situación, dominada por un excesivo déficit público, es por tanto un buen momento para quienes quieren poner en evidencia la autonomía política, con la esperanza de poner límites a tanto autogobierno.
Todo ello es lo que explica que se oigan voces según las cuales pudiera parecer que las comunidades autónomas solo derrochan, inmersas en la corrupción. El hecho de que haya casos de irregularidades más que reprochables no quiere decir que pueda generalizarse ni que desde las autonomías no se hagan bien muchas cosas, empezando por mantener en pie la educación y la sanidad; nada menos que los dos pilares básicos del Estado de bienestar en España. Por eso mismo, conviene ser cuidadosos con el ajuste autonómico del déficit, ya que de no hacerse con buen criterio puede derivar en la reducción de servicios sanitarios y/o educativos, la introducción de tasas injustas o el aumento de las jornadas laborales de médicos y profesores, unos profesionales fundamentales para que el país funcione y tenga futuro.
Ahora que está en juego un ajuste adicional de 15.000 millones de euros en las comunidades autónomas y que se mira a los ayuntamientos con lupa, no está demás de constatar que las regiones suelen ser unidades de administración más eficaces y que por eso mismo los Estados europeos, incluso los tradicionalmente más centralistas, como Francia, tienden a la descentralización. Paradójicamente, mientras Europa se hace más grande, sus Estados articulan organizaciones más pequeñas. Convendría no perderlo de vista, porque es lo que ya está ocurriendo.
En España está culminando el proceso político que acabó prácticamente con las cajas de ahorros, cuyo ocaso tiene mucho que ver con sus malas prácticas en el sector inmobiliario pero también con el interés de la banca privada por llevárselas por delante en su propio beneficio. Desde el Banco de España y otros estamentos de poder de Madrid también se han hecho muchos esfuerzos en el mismo sentido, a veces con el demagógico pretexto de apartar a los políticos de las cajas, como si todos los políticos electos fuesen peores profesionales que unos tecnócratas designados a dedo. O como si todas las cajas estuviesen controladas por políticos. En la práctica, tampoco es esa la contradicción, ya que avanzado ya dicho proceso vemos que en realidad de lo que se trataba era de apartar a políticos autonómicos y locales, pero no a otros políticos que siguen campando a sus anchas en el sector financiero. Puede darse el caso de que un ministro del Gobierno que cocinó operaciones de cajas termine dictando sentencia sobre alguna de ellas, lo cual derivaría seguramente en un gran escándalo. Al tiempo.
Todavía este domingo, el presidente del BBVA, Francisco González, que llegó a la banca aupado por el PP, decía en ‘El País’: “El éxito depende de cómo acabe la reforma (financiera) y de que no haya actuaciones personales o interferencias políticas que la enturbien”. ¿Acaso su nombramiento hace diez años no fue una interferencia política del Gobierno de Aznar?
Pero hay más casos. El exvicepresidente Rodrigo Rato, que celebró en Génova el triunfo de Rajoy, preside Bankia, entidad en la que se diluyeron varias cajas de ahorros, entre ellas Cajamadrid. Incluso hay situaciones más chuscas: César González-Bueno, nombrado hace poco consejero-delegado de NovaGalicia Banco, hoy en día controlado por el Estado, no solo es nieto de un ministro de Franco, sino un buen conocedor del entorno de la extrema derecha.
En resumidas cuentas: claro que hay políticos en el sector financiero, público y privado, como siempre hubo. Lo que hay es cada vez menos políticos autonómicos y locales en el sector financiero, a medida que éste se ha ido concentrando.
Existe una estricta y detallada agenda alemana para España que se va cumpliendo en casi todo lo que duele -reforma laboral, control drástico del déficit, ajuste financiero- y en casi nada de lo que podría ser un alivio: por ejemplo, la formación profesional.
Alemania no solo quiere ajustarnos las cuentas, también quiere sentar las bases de una nueva cultura profesional en España, ya que en el fondo le interesa que un país que representa el 11% del euro no le cause problemas a la moneda que, de hecho, consideran como propia en el más amplio sentido de la palabra.