La Plataforma por la Defensa del Río Castril ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que interponga un recurso de inconstitucionalidad a una disposición de la Ley de residuos y suelos contaminados que considera que intenta “legalizar” las obras de su trasvase.

La petición de este colectivo, que no puede proponer de forma propia la presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional, se produce en respuesta al escrito de la Abogacía del Estado en el que se daba conocimiento al Supremo de la aprobación de la Ley y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La plataforma ha presentado un escrito para instar al alto Tribunal que acuerde promover al amparo del articulo 35 y siguientes de la Ley Orgánica del Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad de la disposición decimoquinta de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

También vuelve a solicitar que se acuerde la demolición de las obras del trasvase ejecutadas hasta la fecha y que se repongan los terrenos afectados a su estado previo.

Desde la Plataforma denuncian la actuación que lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al considerar que intentan dar cobertura legal a unas obras que ya están declaradas “ilegales” por parte del Tribunal Supremo y que tienen incluso ordenada su paralización.

El colectivo, según ha informado, estudia además la posibilidad de presentar una querella por un delito de prevaricación, ya que esta aprobación supondría a su juicio querer evitar la sentencia del Supremo y constituye un claro intento de saltarse a la justicia en un “notorio atentado” al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes.