Foto: EUROPA PRESS

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reconoce que “en algún momento” las tarifas eléctricas tendrán que subir para acabar con el déficit de tarifa del sistema eléctrico, que en términos acumulados asciende a 24.000 millones y en cuya eliminación trabaja en la actualidad el Gobierno.

Durante un almuerzo organizado por Europa Press y KPMG, Soria anunció que su departamento lanzará la nueva reforma energética “en la segunda quincena de julio” y que la solución al desfase del sector eléctrico consistirá en un “mix” de aumentos de ingresos y reducción de costes.

El ministro dudó demás de la sostenibilidad económica de las primas al régimen especial, que incluyen las energías renovables, y señaló que la reforma afectará a “todas las tecnologías” y permitirá que a partir de 2013 deje de generarse déficit en el sistema eléctrico.

Carlos Dívar - Foto: E.P.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, ha decretado el archivo de la denuncia interpuesta por un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el presidente de este órgano, Carlos Dívar, por los gastos generados en una veintena de viajes de fines de semana a Marbella (Málaga) por valor de casi 13.000 euros. El Ministerio Público expresa sus dudas a la hora de establecer límites entre viaje oficial y viaje privado.

La decisión supone el archivo de las diligencias informativas abiertas tras la recepción de la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez por un presunto delito de malversación de caudales públicos al no ser “constitutivas de delito alguno las conductas reflejadas por el denunciante”.

Tras conocerse el dictamen de la Fiscalía, el presidente del Consejo ha convocado a las 17.30 horas de este lunes a los vocales para darles explicaciones. A su término, el resultado de la reunión será trasladado a los medios de comunicación, según han informado fuentes de este órgano.

Sobre los límites entre los viajes personales y oficiales de Dívar, el decreto dictado este lunes por Martín-Casallo señala que cualquier “duda” debe ser resuelta “teniendo siempre presente la proyección que el cargo de presidente del Consejo (uno de los más importantes del Estado) tiene sobre todas y cada una de las actividades que realiza la persona que lo desempeña”.

En su decreto, el teniente fiscal del Supremo clasifica los desplazamientos de Dívar en tres grupos. Por una parte, los viajes que han corrido a cargo del presidente del Supremo y del CGPJ al ser de carácter personal.

Por otra, aquellos que tienen consideración oficial pero que se han visto prolongados en actividades que podrían ser consideradas privadas, “siendo éstas últimas abonadas consecuentemente con cargo a la cuenta personal del denunciado”.

En tercer lugar, figurarían los desplazamientos que, “de principio a fin”, tuvieron carácter oficial y fueron cargados en el presupuesto del Consejo.

“Ha de reconocerse que la aplicación a cada caso en particular de lo hasta aquí expuesto no dejará de generar alguna duda. Así, por ejemplo, en la determinación del día o la hora en que deba entenderse terminado el carácter oficial del viaje y, por tanto, iniciado del tratamiento particular del mismo”, precisa el teniente fiscal.

NO HAY NECESIDAD DE JUSTIFICAR LA CAUSA DEL VIAJE

Al hilo de estas consideraciones, Martín-Casallo invoca el acuerdo que adoptó el Pleno del CGPJ en su reunión del 11 de septiembre de 1996 por la que autorizó las justificaciones de viaje “sin necesidad de hacer constar el motivo concreto” de la actividad que provoca el desplazamiento.

Habrá casos, señala, en los que no se podrán examinar las causas debido a que “no se guardó la documentación al no ser nunca requerida” o bien porque, dado el tiempo transcurrido, “haya sido destruida”. En otras ocasiones, añade, los viajes pudieron tener “naturaleza o carácter reservado” con motivo del asunto a tratar.

Es más, el teniente fiscal recuerda que la Interventora del Consejo nunca puso reparo alguno al importe o motivo de las cuentas justificativas de los referidos viajes. “No existe prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal”, afirma.

En cuanto a los gastos generados por el servicio de seguridad, el ‘número dos’ de la Fiscalía subraya que se trata de una competencia exclusiva del Ministerio del Interior y que, por tanto, “no depende ni del Consejo ni de su presidente”.

La Fiscalía General del Estado abrió diligencias informativas el pasado 10 de mayo tras la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez por la malversación de 5.658 euros gastados en seis viajes, aunque luego la amplió a otros 20, que habrían supuesto al erario público un coste de hasta 12.996 euros.

Los viajes se efectuaron en el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2008 y el 20 de marzo de 2010. El denunciante desglosó los gastos en 4.120 euros por desplazamientos, 4.753 euros por alojamiento y manutención y 4.122 por atenciones protocolarias.

El colectivo empresarial ha apostado a través de un comunicado por el “entendimiento” entre la Junta de Andalucía y este Ministerio para que se abonen las obras que no entraron en la primera fase del plan de pagos a proveedores de las comunidades autónomas por carecer entonces de las correspondientes facturas.

La ACP Granada reivindica así que el Ministerio de Hacienda lleve a cabo la reedición del plan de pagos con las cuantías económicas sobrantes de los planes municipales y autonómicos ya ejecutados, que cifra en cerca de 8.000 millones de euros y que permitiría incluir las deudas correspondientes a certificaciones de obra.

Al barajarse la posibilidad de que Ministerio y Junta de Andalucía puedan acordar dar salida a los expedientes de obra ejecutadas y aprobados técnicamente, las empresas constructoras encuentran “un motivo de esperanza” tras varias semanas de angustia ante la imposibilidad de acogerse al plan de pago a proveedores.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Granada ha informado de que esta mañana ha tenido lugar el acto de firma de operaciones de crédito con nueve entidades bancarias, para el pago a proveedores municipales, un trámite que permitirá que, a partir del miércoles 30 de mayo, las empresas acogidas al mismo puedan cobrar los importes pendientes.

Además, la Diputación de Granada ha formalizado también con los responsables en Granada de Banco Popular, La Caixa y Banesto las operaciones de crédito que, por un valor de casi dos millones de euros, permitirán librar fondos para efectuar los primeros pagos a los proveedores que tienen facturas pendientes y atrasadas con esta institución provincial.

A raíz de las denuncias se iniciaron investigaciones para localizar al joven, que de madrugada había accedido a las viviendas por escalo y que se llevó diferentes efectos de valor e incluso consumió productos de la nevara en una de ellas que iba dejando esparcidos por el suelo. El morador de esta casa se hallaba en al planta superior cuando escuchó ruidos en la inferior. Al ir a comprobar qué ocurría encontró a un individuo que abandonó la vivienda corriendo.

Los investigadores, tras varios días recopilando diferentes pruebas, consiguieron poner nombre y apellidos al presunto autor de los hechos de estos tres asaltos nocturnos a viviendas. Establecido el correspondiente dispositivo policial. consiguieron localizarlo en los Jardines del Paseo del Salón, y fue detenido, aunque antes de ello agredió a tres policías y en el traslado hasta las dependencias policiales causó daños en el vehículo policial.

Partes de los efectos robados en uno de los domicilios han sido recuperados y entregados a sus legítimos propietarios. Las investigaciones y el operativo ha sido llevado a cabo por la Brigada de Policía Judicial de Granada y el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Granada en funciones de guardia.

Foto: Dipgra/GD

La Diputación de Granada ha formalizado hoy con los responsables en Granada de Banco Popular, La Caixa y Banesto las operaciones de crédito que, por un valor de casi dos millones de euros, permitirán librar fondos para efectuar los primeros pagos a los proveedores que tienen facturas pendientes y atrasadas con la Institución Provincial.

Tras la firma, el presidente, Sebastián Pérez, ha destacado la “celeridad” con la que está actuando su equipo de Gobierno en esta materia.

Sebastián Pérez ha agradecido la “predisposición para con la Institución Provincial” de estas entidades que son esenciales para la puesta en marcha en la provincia del Real Decreto-Ley 4/2012 impulsado por el Gobierno para el pago de 34 mil millones de euros por parte de las instituciones públicas a sus proveedores, principalmente pequeñas y medianas empresas de toda España.

Estas PYMES podrán “salir a flote, tener una línea de economía clara con las entidades financieras y mantener los puestos de trabajo” lo cual es especialmente relevante en la provincia de Granada dada la difícil situación económica que atraviesa el tejido socioproductivo con importantes consecuencias de “inestabilidad laboral” en el mercado de trabajo, tal y como ha reseñado el presidente en una alocución posterior a la firma con las entidades financieras.

El Real Decreto-Ley “por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales” tiene como objetivo abonar durante este año las deudas vencidas líquidas y exigibles, cuyo pago haya sido solicitado antes del 1 de enero de 2012, y que afecten a contratos de obras, servicios y suministros.

Para ello, uno de los pasos previos es la firma de las pólizas de crédito que se han formalizado hoy con las entidades financieras con las que “desde la Diputación vamos a seguir profundizando en esta tarea de afecto, cariño y relación contractual siempre en beneficio de la provincia de Granada”, ha aseverado Sebastián Pérez.

“Lo más importante es que este dinero llegue a las empresas darle una inyección económica que les permita afrontar los retos de futuro con más garantías que las que tenían hasta ahora”, ha concluido el presidente.

En su sexta edición la institución provincial ha decidido continuar asumiendo íntegramente los costes de la convocatoria, pero recurriendo a su propios servicios editoriales, que se harán cargo de la publicación, distribución y promoción de la obra ganadora. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 29 de junio.

El premio de esta sexta edición está dotado con tres mil euros y la publicación de la obra ganadora en la colección del mismo nombre de la Diputación de Granada, que se encargará de la difusión y distribución del libro como parte de su catálogo de publicaciones. El fallo del jurado se hará público en la primera quincena de septiembre de 2012. El jurado del premio estará formado por tres miembros: el titular del área de Cultura de la Diputación de Granada o persona en quien delegue, el ganador de la anterior edición del premio, Juan Nieto y un especialista en literatura infantil y juvenil.

Las obras se presentarán por triplicado, impresas en formato A4 y encuadernadas. A modo de orientación, su extensión puede oscilar entre los trescientos y los seiscientos versos. Cada participante deberá adjuntar aparte, en una sola copia, sus datos personales: breve nota biobibliográfica, fotocopia del DNI o pasaporte, domicilio, teléfono y correo electrónico. Se remitirán al Registro General de la Diputación de Granada (calle Periodista Francisco Barrios Talavera, 18014 Granada). En su exterior deberá constar claramente que optan al VI Premio de Poesía para Niños El Príncipe Preguntón.

Conjuros y otras brujerías, Domingo de pipiripingo, Poemas para leer antes de leer; Picasso me pica y El paso desordenado del corazón son los sugerentes títulos de las cinco obras ganadoras del certamen poético que la Diputación de Granada creó en 2007 para fomentar la creación literaria y la lectura entre los niños y que está inspirado en el personaje lorquiano del cuento “La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón”. Los cinco poemarios tienen en común las bases de la convocatoria: estar escritos en español y tratarse de libros originales, inéditos y no premiados antes en otro certamen. Los poetas María Rosal, María Jesús Jabato, Pedro Mañas, Ignacio Sanz y Juan Nieto fueron sus ganadores.

Foto: Álex Cámara

El Ayuntamiento de Granada ha firmado este lunes operaciones de crédito con nueve entidades bancarias en el marco del plan de pago a proveedores, un trámite por el que las empresas que trabajan para el consistorio y están adheridas al Real Decreto del Gobierno podrán cobrar las facturas pendientes a partir del 30 de mayo.

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), ha presidido esta reunión a la que han acudido directivos de las nueve entidades financieras con las que el Ministerio de Hacienda ha concertado las citadas operaciones de crédito.

La sesión ha comenzado a las 08,00 horas con la firma de la primera operación, con La Caixa, por un importe, de 16.699.424 euros. A las 8,15 horas, el alcalde ha rubricado el crédito con el BBVA, por importe de 43.055.837,69 euros. Seguidamente ha sido el Banco Sabadell Atlántico, por una cuantía de 9.275.593 euros, y a continuación, Banesto, por importe de 2.676.482,78 euros, según informa en una nota el Ayuntamiento de Granada.

Le ha seguido el Banco Popular, con quien el Consistorio granadino ha concertado financiación por valor de 6.883.387 euros, y Bankinter, por importe de 1.550.338 euros. Con Bankia se ha firmado una operación por 7.726.136 euros, y con la CAM, por valor de 2.777.151,63 euros. A las diez de la mañana, se ha firmado con el Banco Santander, que prestará un importe de 9.159.242,64 euros.

El próximo miércoles 23 de mayo, el alcalde de Granada firmará dos operaciones de crédito más con CajaGranada, por valor de 8.094.022 euros y con Caja Rural.

El primer edil ha subrayado que, con estas firmas, el Ayuntamiento salda por completo los pagos pendientes y se pone al día, no solo con proveedores incluidos en el ámbito del Real Decreto citado, sino en todas las deudas pendientes con empresas, autónomos, y entidades sociales que habían quedado fuera.

Para Torres Hurtado, “es un paso importante y una gran noticia para las empresas de la ciudad que, gracias a que el Gobierno aprobó el plan de ajuste del Ayuntamiento, podrán cobrar sus facturas pendientes el próximo miércoles 30 de mayo”.

En el transcurso de una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la delegada para la Igualdad y el Bienestar Social, Magdalena Sánchez, y la delegada de Educación, Ana Gámez, Sánchez ha garantizado que la Junta aplicará “los recortes impuestos” por el Gobierno sin tocar los servicios ni el empleo público y ha hecho un llamamiento a la unidad de todas las administraciones y signos políticos para conseguir este reto.

En este sentido, ha lamentado que algunos ayuntamientos, especialmente los gobernados por el PP, “echen balones fuera” respecto al cumplimiento de algunas de sus competencias, como el mantenimiento de los centros de Infantil y Primaria, tal y como ha sucedido con los “ayuntamientos de Granada y Otura”, a los que ha recordado que estos edificios de competencia municipal

También han censurado que algunos municipios no abonen directamente a las empresas el dinero de determinadas prestaciones, como la Ayuda a Domicilio y la Dependencia, lo que propicia que las concesionarias de estos servicios no cobren y se desencadenen conflictos laborales.

Ante esta situación, la Junta está tomando algunas medidas, como reducir el plazo de tiempo que tiene los consistorios para justificar el destino del dinero, y se están estudiando otras acciones que, según ha dicho Sánchez, se espera no tener que aplicar, como por ejemplo transferir el dinero directamente a las empresas concesionarias para evitar que se desvíen a otros fines.

“Quienes se quejan de competencias impropias cuando se refieren a la asistencia a domicilio, olvidan que hace 15 días recibieron el ingreso por parte de la Junta del pago de los meses de marzo y abril por ese concepto”, ha señalado Sánchez, quien ha precisado que en el primer semestre del año, los ayuntamientos habrán recibido un total 29.184.219 euros por este concepto (3,5 millones más que el segundo semestre de 2011).

RECORTES IMPUESTOS

La delegada del Gobierno andaluz en Granada ha garantizado en la rueda de prensa que su departamento “hará frente a los recortes impuestos” sin tocar los servicios ni el empleo público, por lo que se mantendrá la ratio de alumnos, no se elevarán las tasas en la Universidad de Granada ni se privatizarán centros sanitarios como han hecho otras comunidades autónomas.

En el ámbito de los servicios sociales, ha garantizado las prestaciones a los dependientes granadinos; dando así respuesta a “unos 35.400 dependientes y atendiendo a más de 28.000 personas, tanto en prestaciones económicas (que supone 47 por ciento), como de servicios prestados (53 por ciento del total)”.

El Servicio de Ayuda a Domicilio lo reciben actualmente 9.200 personas en situación de dependencia, lo que emplea a casi 4.000 profesionales. Por su parte, el Servicio de Teleasistencia lo están recibiendo 17.763 personas.

Sánchez ha querido aclarar no obstante que “como consecuencia de la paralización decretada por el Gobierno de España, de las personas dependientes de Grado I Nivel 2 valoradas después del 1 de enero de 2012″, más de 9.000 personas en la provincia no podrán beneficiarse de servicios aprobados por Ley como son la Ayuda a Domicilio, la Unidad de Estancia Diurna y la prestación económica por cuidados en entorno familiar y casi cinco mil puestos de trabajo dejarán de crearse.

Además, se ha mostrado preocupada por el recorte del 48 por ciento que el Estado ha previsto en los presupuestos generales al Plan Concertado de Servicios Sociales, lo que, según ha dicho, “va a llevar a muchos centros de Servicios Sociales Comunitarios a tenerlo realmente difícil para seguir prestando los servicios que venían haciendo hasta ahora”.

“Este recorte supone un grave mazazo a las políticas sociales, del que se van a ver afectadas miles de personas en nuestra provincia”, ha asegurado.

EDUCACIÓN

En el ámbito educativo, Sánchez ha garantizado que no se subirán la ratio, de modo que los 209.740 alumnos escolarizados en 775 centros docentes seguirán siendo atendidos por 15.228 profesores. A estos últimos se les aplicará el aumento de la jornada lectiva aprobada por el Gobierno.

Se mantendrá la gratuidad de los libros de texto, de la que se benefician más de 100.000 alumnos, con una inversión de 30,8 millones, los comedores (con 19.548 usuarios), las aulas matinales (con 8.033 alumnos) y los ordenadores.

Además, “los más de 56.000 estudiantes de la Universidad de Granada no verán subidas sus tasas”. La Junta seguirá desarrollando el Plan OLA, con 23,5 millones de euros para la realización de más de 64 obras de modernización y mejora de centros escolares y 645 puestos de trabajo.

Plan que se verá reforzado con un nuevo impulso anunciado por el nuevo Gobierno de la Junta, y que aumentará sus fondos a nivel andaluz en 100 millones de euros.

SALUD

En materia de Salud, Sánchez ha garantizado que “no privatizaremos ningún hospital público, como sí ocurre en la Comunidad Valenciana o madrileña”.

De hecho, continuarán proyectos como el del Hospital Universitario del Campus de la Salud (190.000.000 euros de inversión), que será equipado próximamente mediante el procedimiento de colaboración-público privada.

Seguirán también los trabajos en el Hospital de Loja (17.000.000 millones de euros); en el de la Alpujarra, en redacción (960.000 euros) y el Centro de Salud Albayda, prácticamente finalizados (con 1,9 millones de euros de inversión).

De este modo, se mantendrá el empleo en el sector sanitario, con una plantilla de 11.856 trabajadores, mientras que en comunidades autónomas como Castilla La Mancha “se han congelado plantillas y se ha eliminado el 40 por ciento de personal eventual sanitario”, ha contrapuesto la delegada.

Por último, ha garantizado que se mantendrá el empleo de los más de 30.000 empleados granadinos asalariados por la Junta: Administración general, personal docente y personal estatutario, a pesar del aumento de la jornada laboral a 37,5 horas semanales dictado por el Estado al tratarse de normativa básica.

“Toca ahora el diálogo con los representantes de los trabajadores, por eso, el viernes, ya se mantuvo una reunión con la Mesa de la Función Pública y, este lunes, con las mesas sectoriales con el fin de que a lo largo del trámite parlamentario se lleguen a puntos de acuerdo y de consenso”, ha confiado la dirigente andaluza.

El portavoz de los socialistas en el Consistorio, Francisco Cuenca, ha recordado que esta denuncia se suma a la ya interpuesta por el convenio urbanístico del Palacio de Hielo, que sentará en el banquillo al anterior edil de Urbanismo del PP, y “pone sobre la mesa que la trama del Palacio no es un hecho puntual sino que se extiende a todo los planes urbanísticos desarrollados por el PP en la ciudad”.

En la nueva denuncia del Abogado del Estado se deja constancia, según el PSOE, de que el Ayuntamiento se apropió o computó a particulares terrenos del Gobierno y generó beneficios económicos que “desconocemos a quién han ido a parar”. Cuenca ha indicado que “quedarte con terrenos que no son tuyos, es un hecho grave, gravísimo; tanto como vender lo propio para que se lo quede un particular”.

Según el responsable socialista, “esto es lo que parece que ha estado ocurriendo en el caso del Palacio de Hielo, en el PP-I2 y en el PP-I7″. “En los dos primeros, el alcalde parece que actúa como un okupa y genera dinero para otros quitándoselo al Estado. Y en el último, parece que vende terrenos que son de todos los granadinos cuyo dinero va a parar a unos particulares”, ha dicho.

Para el edil, “sería terrible si finalmente se descubre que el PP vende patrimonio de este Ayuntamiento para beneficiar a unos particulares” y ha considerado que “el meollo de la cuestión es quién o quiénes se están llenando los bolsillos con la venta o apropiación de terrenos que son públicos y a dónde ha ido a parar ese dinero”. De hecho, según ha mantenido, la gestión urbanística del PP “recuerda mucho a la práctica clientelar que han generado casos como la operación Malaya o el caso Gürtel”.

Cuenca ha exigido a Torres Hurtado que además de dar explicaciones “tome medidas inmediatas”. “Si es cierto que la señora Nieto no toma decisiones urbanísticas, tal y como ella misma ha dicho en el Pleno del Ayuntamiento, lo que tiene que hacer el alcalde es cesarla de manera inmediata”. El portavoz socialista ha insistido en que “a pesar de las trabas que no está poniendo el PP vamos a seguir investigando porque la gestión urbanística de la ciudad cada vez es más extraña y, cada vez, aparecen nuevas irregularidades”.

PLAN PARCIAL VILLAVICENCIO PP I2

Por su parte, el concejal del PSOE encargado de controlar la gestión urbanística del Ayuntamiento, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha ahondado también sobre el Plan Parcial I-2 Villavicencio, situado en la carretera de Córdoba, y ha afirmado que “sorpresivamente, quedó paralizado en el último pleno”. Fernández Madrid ha indicado que el expediente lo inicia el anterior responsable de Urbanismo, Luís Gerardo García Royo, en 2006, y “se archiva el pasado pleno tras 6 años de trámites sin que el PP haya dado ninguna explicación convincente sobre lo que ha ocurrido para llegar a este punto”.

Al respecto, el edil del PSOE ha sostenido que al igual que en el Palacio de Hielo, el PP en este convenio urbanístico “intenta vender aprovechamientos que no le pertenecen. Se invaden zonas de dominio público del Gobierno de España, es decir, los viales de carreteras estatales y todo este entramado acaba en los tribunales”.

En este caso, según ha precisado, la gestión irregular del PP generó unos beneficios de medio millón de euros por viales que le pertenecían al Estado. “Una cantidad que de no haber caducado el expediente por los dimes y diretes con el Ministerio de Fomento desconocemos a dónde y a quién hubiesen ido a parar, algo que tendrán que explicar detenidamente los populares que prefieren mantener una política de silencio y obstrucción”, ha concluido.

Según consta en la demanda interpuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ayuntamiento de Granada comunicó a la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental que sometía a información pública el proyecto de reparcelación, el 5 de noviembre de 2009 le dio tres meses para acreditar la titularidad de los terrenos del Ministerio de Fomento, y el 2 de junio de 2010 le notificó que ponía fin al expediente, ya que no se habían aportado los títulos de propiedad.

Contra este acuerdo, la Demarcación interpuso recurso de reposición, el 14 de julio de 2010, y aportó, según dice la Abogacía del Estado, la documentación acreditativa de la titularidad de esos 3.697 metros cuadrados. Sin embargo, la Gerencia Municipal de Urbanismo desestimó el 19 de enero de 2011 el referido recurso al no considerar “suficiente” la documentación aportada, consistente, según el Ayuntamiento, en “un conjunto de imágenes aéreas” que no determinaban las superficies supuestamente ocupadas.

La Abogacía del Estado sostiene sin embargo que los técnicos del Ayuntamiento sí han reconocido que el Estado es efectivamente propietario de los terrenos afectados, que fueron expropiados en 1988, 1989 y 2004 para el desdoblamiento de la calzada de la N-432 y la remodelación de N-323, y considera que la Administración estatal debe ser indemnizada “por no haber participado en reparto de beneficios y cargas del planeamiento” y censura que “tercero o terceros propietarios de la Junta de Compensación han aportado como propias” esas parcelas “y han lucrado indebidamente su aprovechamiento”.

Por todo, suplica al Juzgado que admita la documentación al respecto y anule el proyecto de reparcelación por no ser “conforme a Derecho” y reconozca al Estado el derecho a ser compensado económicamente con los precios del proyecto de reparcelación, como propietario de 3.697 metros cuadrados de terreno afectado por el PP-17.